Lorca, 28 de abril de 2026.
Los concejales del Grupo Municipal Socialista, Isidro Abellán y Nines Mazuecos, han denunciado públicamente que el equipo de gobierno de Fulgencio Gil de Partido Popular y Vox continúa incumpliendo la ley al desoír una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) emitida el pasado 18 de marzo.
Esta sentencia reconoce una vulneración de los derechos fundamentales hacia el Grupo Socialista por la falta de acceso a información y documentación solicitada, contraviniendo el Artículo 23 de la Constitución Española y el Artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local.
El caso del antiguo Centro Comarcal de Salud
Isidro Abellán ha detallado la opacidad en torno al expediente del antiguo Centro Comarcal de Salud, afectado por problemas en un muro de contención desde 2020.
· Informes denegados: El PSOE solicitó en agosto de 2024 todos los informes técnicos sobre el estado del inmueble, tanto municipales como de la Comunidad Autónoma.
· Respuesta insuficiente: Tras judicializar el caso, el Ayuntamiento envió al juzgado documentación que, según la propia sentencia, es "desviada e insuficiente" y no guarda relación con lo solicitado.
· Peligro público: Abellán advierte que el muro de contención de la calle Barandillas supone un riesgo real de derrumbe en periodos de lluvia, sin que el Ayuntamiento aclare sus planes para el edificio.
Irregularidades en el Albergue de Coy
Por su parte, Nines Mazuecos ha centrado su intervención en la situación del Albergue de Coy, un edificio del siglo XVIII protegido cuya gestión el Grupo Municipal Socialista considera "irregular".
· Cierre y demolición: El Grupo Socialista exige conocer bajo qué criterios técnicos se decidió primero rehabilitar el edificio (con un presupuesto de 200.000 €), luego cerrarlo y, finalmente, intentar demolerlo pese a su protección patrimonial.
· Gasto injustificado: Mazuecos cuestiona por qué el Ayuntamiento pagó el diseño de un proyecto para una obra que finalmente no se iba a realizar.
Consecuencias legales
El PSOE de Lorca advierte que el incumplimiento de esta sentencia firme puede derivar en:
1. Ejecuciones forzosas por parte del juzgado.
2. Sanciones y multas personales tanto a funcionarios como a responsables políticos.
3. Exigencia de responsabilidades personales ante la justicia.
"Ya no es una cuestión política, es una cuestión de cumplimiento de la ley. El equipo de gobierno debe decidir si sigue instalado en la opacidad o si pretende respetar las sentencias judiciales", ha sentenciado Abellán.
El alcalde Fulgencio Gil quiere normalizar que él está por encima de decisiones judiciales y de la ley, un mensaje muy peligroso de cara a la ciudadanía del que hace gala, como ayer en el pleno quedó demostrado con algunas declaraciones del equipo de gobierno de PP y VOX, ha apuntado la concejal Nines Mazuecos.
