VOX y Partido Popular advierten de que esta medida forma parte de una política migratoria que incrementa la presión sobre los servicios públicos, afecta a la seguridad y genera desconfianza en las instituciones
Los grupos municipales de VOX y Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca han registrado una moción conjunta de urgencia para instar al Gobierno de España a paralizar de manera inmediata el proceso de regularización de internos extranjeros en centros penitenciarios, al considerar que esta medida supone un grave riesgo para la seguridad, el orden público y la credibilidad del sistema judicial.
La iniciativa surge tras las comunicaciones del Ministerio del Interior dirigidas a centros penitenciarios, en las que se insta a informar y facilitar a los internos extranjeros el acceso a un proceso extraordinario de regularización. Una decisión que, según recogen ambos grupos, "trasciende lo administrativo" y tiene profundas implicaciones jurídicas, sociales y políticas.
Según el texto de la moción, uno de los aspectos más preocupantes es que entre los potenciales beneficiarios se encuentran presos en situación preventiva, es decir, personas privadas de libertad por decisión judicial ante la existencia de indicios sólidos de haber cometido delitos graves. Además, se advierte que aproximadamente el 85% de estos internos acaba siendo condenado por sentencia firme, lo que, a juicio de VOX y PP, convierte esta política en "un auténtico despropósito".
Ambos grupos subrayan que la regularización administrativa genera arraigo, un factor clave que dificulta la posterior expulsión del territorio nacional. En este sentido, alertan de que el Gobierno estaría "consolidando la permanencia en España de personas que podrían haber cometido delitos graves", invirtiendo así los principios básicos de cualquier sistema democrático basado en la legalidad y la responsabilidad.
Asimismo, la moción enmarca esta medida dentro de una política migratoria más amplia que, según señala, está generando consecuencias visibles en distintos ámbitos: aumento de la presión sobre los servicios públicos, especialmente en sanidad; incremento del gasto público; sobrecarga de los sistemas de protección social; dificultades de acceso a la vivienda y un deterioro progresivo de la seguridad en determinados entornos.
La concejal de VOX, María Teresa Ortega, ha manifestado que: "Estamos ante una decisión absolutamente irresponsable que rompe con cualquier lógica jurídica y que lanza un mensaje muy peligroso a la sociedad. No se puede permitir que personas que están en prisión, muchas de ellas por delitos graves, puedan beneficiarse de procesos que consolidan su permanencia en España".
"El Gobierno está cruzando una línea roja al facilitar la regularización incluso a quienes están privados de libertad. Esto no sólo debilita el Estado de Derecho, sino que genera una profunda sensación de injusticia entre los ciudadanos que cumplen las normas."
"Desde VOX defendemos una política migratoria basada en el control efectivo de nuestras fronteras, el respeto a la legalidad y la protección de los españoles. Lo que estamos viendo es justo lo contrario: efecto llamada, regularizaciones masivas y decisiones que ponen en riesgo la seguridad".
Ortega ha insistido en que esta medida "erosiona la confianza en las instituciones" y ha advertido de que "no se puede normalizar que delinquir en España pueda acabar facilitando la permanencia en el país".
Por su parte, la concejal popular Belén Pérez, en nombre de la secretaria general del Grupo Municipal Popular, Rosa María Medina, ha señalado que: "El Gobierno ha optado por impulsar una regularización masiva mediante un Acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros, eludiendo deliberadamente el debate parlamentario y el necesario control de las Cortes Generales, pese a tratarse de una decisión de enorme impacto social, económico, jurídico, territorial y social".
Desde el Partido Popular, "rechazamos este proceso extraordinario de regularización de extranjeros aprobado de forma unilateral por el Gobierno de España y aquellas regularizaciones masivas automáticas y reclamamos su cambio por un modelo de carácter excepcional, individualizado y verificable, vinculado al empleo real, a la integración efectiva y a la seguridad jurídica. Abogamos por una política migratoria de Estado que refuerce el control de fronteras; ejecute las expulsiones, devoluciones y retornos de quienes no cumplen los requisitos legales; combata las mafias de tráfico de personas y alinee la política migratoria nacional con el Pacto Europeo de Migración y Asilo".
La moción solicita que el Ayuntamiento de Lorca inste al Gobierno de la Nación a dejar sin efecto la regularización masiva de inmigrantes, incluyendo expresamente a aquellos que se encuentran en prisión preventiva, al considerar que esta medida afecta directamente a la convivencia, la seguridad ciudadana y la sostenibilidad de los servicios públicos.
VOX y Partido Popular coinciden en que las administraciones locales no pueden permanecer al margen de decisiones que tienen un impacto directo en los municipios, y han defendido la necesidad de adoptar una posición firme ante lo que consideran "una política que pone en riesgo el equilibrio social y el cumplimiento de la ley".
