Ante las declaraciones del concejal socialista José Luis Ruiz, fuentes municipales lamentan su evidente desinformación y su desconexión con la realidad. Las campañas informativas sobre el uso responsable de patinetes eléctricos no solo existen, sino que son más frecuentes e intensas que cuando él tenía competencias en la materia. Resulta sencillo exigir desde la oposición lo que no se fue capaz de hacer desde el Gobierno.
También resulta llamativo que hable de falta de presencia policial cuando los datos lo desmienten de forma rotunda. Durante su etapa, la plantilla de la Policía Local se redujo hasta los 120 efectivos; en los próximos meses contará con 135 agentes gracias al esfuerzo de este equipo de Gobierno. Lorca tiene ahora más policías que en los últimos años. Por tanto, una vez más, no parece el señor Ruiz el más indicado para dar lecciones en esta materia.
En materia de sanciones, conviene recordar algo elemental: una sanción es una sanción. No existen sanciones "reales" e "irreales". Se tramitan conforme a la normativa vigente. De hecho, las actuaciones y denuncias por incumplimientos relacionados con patinetes eléctricos han aumentado, precisamente porque la Policía Local está más pendiente que nunca de este aspecto. Las denuncias formuladas a los conductores de VMP se realizan a diario, dentro de la labor ordinaria de control y vigilancia, por lo que resulta una falta de respeto hacia estos profesionales poner en duda la veracidad o el rigor de su trabajo.
Asimismo, es importante contextualizar las cifras. Con la llegada del actual equipo de Gobierno se ha pasado de no registrarse denuncias anuales por este concepto a superarse ampliamente las 200 al año, lo que evidencia un incremento claro en la actividad inspectora y sancionadora. A ello se suma que solo el pasado año se tramitaron más de 450 multas por el uso indebido de patinetes en Lorca y que, desde 2024, el número total de sanciones impuestas supera ya el millar.
También es oportuno recordar que la ordenanza municipal aprobada en su día, de la que ahora parece querer ponerse la medalla, incluía disposiciones más restrictivas que la normativa estatal. Como consecuencia, diversas sanciones han tenido que ser anuladas y devueltas al no estar amparadas por la legislación nacional vigente. Antes de dar lecciones sobre seguridad jurídica, convendría repasar la gestión realizada en su etapa y comprobar sobre el terreno la realidad actual de la ciudad.
En cuanto a la siniestralidad, los datos reflejan que el número de accidentes en los que consta como causante un VMP es notablemente inferior al de los provocados por el resto de vehículos, y también lo es el balance de heridos graves asociado a estos. Ello no significa que se baje la guardia, sino que se actúa con proporcionalidad y rigor, atendiendo a la realidad objetiva.
Las campañas específicas sobre estos vehículos, además, se desarrollan de forma periódica y con una rotación más elevada que las diseñadas por la Jefatura Provincial de Tráfico en Murcia, reforzando así la labor preventiva y de concienciación.
Si el Grupo Socialista considera que la regulación actual es insuficiente, quizá debería dirigirse a su propio delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y al Gobierno de España para exigir una normativa más restrictiva o, si lo estiman oportuno, plantear incluso la prohibición de estos vehículos. Este equipo de Gobierno escucha a los vecinos, a los comerciantes y a los colectivos sociales. Y también escucha los discursos alarmistas de algunos responsables políticos.
Los datos objetivos avalan la gestión municipal: desde la llegada de este equipo de Gobierno, las cifras de inseguridad han descendido de forma considerable. Se ha reforzado la presencia policial, se han intensificado los controles y se continúa trabajando para garantizar la convivencia y la seguridad vial, le pese a quien le pese.
