Sosa: "No tenemos ninguna garantía de que el Ayuntamiento de Lorca cumpla con la prohibición de contratar con empresas condenadas por delitos vinculados a la corrupción o sancionadas por infracciones graves en materia de falseamiento de la competencia"
El edil de izquierdas sostiene que desde julio de 2022 espera información sobre empresas adjudicatarias de obras y servicios en Lorca incursas en prácticas anticompetitivas y dañinas al interés público y sobre el alcance de la prohibición legal de contratar con ellas
La corrupción, los corruptos y los corruptores, un asunto de plena actualidad en nuestro país tras conocer los pormenores y las vinculaciones y ramificaciones políticas del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que hasta esta fecha se ha venido conociendo como "caso Koldo", también va a formar parte de la agenda política de Lorca.
El edil de la coalición IU+P+AV, Pedro Sosa, ha anunciado la presentación y defensa en el próximo pleno del Ayuntamiento de una propuesta en forma de moción que versará sobre la transparencia y la ética en la contratación de obras y servicios por parte del Ayuntamiento de Lorca para evitar adjudicaciones a empresas corruptoras. Una propuesta que va en la línea de toda la batería de medidas que su formación política (IU) está proponiendo a nivel estatal, y entre las que ha destacado la expropiación de bienes y beneficios de empresas generados con ocasión de prácticas corruptas. Propuestas de diversa índole que también están poniendo sobre la mesa organizaciones que asocian a pequeños y medianos empresarios (pymes), que suelen ser en buena medida perjudicadas por la corrupción política, y también por asociaciones vinculadas a la transparencia, la ética política y el buen gobierno.
Sosa afirma que no será la primera vez que llama la atención al gobierno de Lorca sobre la contratación de empresas de dudosa reputación en esta materia. Así, ha recordado como en marzo de 2017 exigió al PP, sin éxito, la paralización del proceso de contratación de la ampliación del vertedero de LIMUSA, adjudicado por 6,5 millones de euros a Ferrovial, una empresa que en aquel momento estuvo en la diana de las investigaciones policiales y judiciales por la financiación corrupta, a través de las famosas "mordidas del 3%", de la derecha nacionalista catalana entonces en el poder
En 2022, sigue relatando el edil de izquierdas, justo el día en el que conocimos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había sancionado con más de 200 millones de euros a 6 importantes y poderosas empresas españolas, por pactos y otras prácticas prohibidas de falseamiento de la competencia en licitaciones públicas, y teniendo en cuenta que entre ellas se encontraba "ACCIONA", la adjudicataria en Lorca del servicio de mantenimiento de nuestros parques y jardines, pedimos entonces y así fue aprobado por el Pleno, que el Ayuntamiento solicitase detallada información sobre si alguna empresa adjudicataria de obra o servicio realizado en Lorca había sido señalada como responsable de esas prácticas ilegales y sobre el alcance para nuestra administración local de la prohibición de contratar con esas empresas. Dos cuestiones sobre las que tres años después aún estamos esperando respuesta. En ese Pleno de 2022, lo que sí quedó claro era el escaso interés de la derecha de PP y los ultras de VOX por informarse sobre esos extremos (no votaron a favor de esas propuestas) y también, y por desgracia, la negativa de todos, salvo de los dos concejales de IU, a reconsiderar la prórroga de la concesión del servicio a ACCIONA y al rescate público del servicio.
Ahora Sosa, aprovechado la actualidad del asunto en la agenda política y el debate existente a todos los niveles, quiere plantear en el Pleno dos propuestas que tienen que ver con las garantías de que el Ayuntamiento de Lorca cumpla escrupulosamente con la prohibición de contratar con empresas condenadas por delitos vinculados a la corrupción o sancionadas por infracciones graves en materia de falseamiento de la competencia, tal y como se recoge en el artículo 71.1 y 2 de la Ley de Contratos del Sector Público. La primera de las propuestas pasaría por la elaboración por parte de los servicios de contratación de un informe técnico, jurídico y económico, que analice pormenorizadamente si en la actualidad existe en Lorca alguna empresa condenada o sancionada que tenga adjudicados obras o servicios municipales, adoptando en su caso las acciones precisas para corregirlo. Y, segundo, que en las bases de ejecución del presupuesto, en aquellas disposiciones que tienen que ver con la contratación pública, se incorporen las previsiones precisas para controlar dinámicamente la sujeción a las normas que establecen esas prohibiciones en la Ley de Contratos del Sector Público.
