Lorca, 3 nov (EFE).- Representantes de PP, PSOE e IU en el ayuntamiento de Lorca han hecho públicas hoy sus diferencias sobre el funcionamiento de la comisión de control creada para depurar las responsabilidades políticas de la trama de corrupción investigada en la empresa pública de limpieza Limusa.
El concejal del PSOE Diego Ferra ha pedido hoy que las averiguaciones de la comisión no se concentren sólo entre los años 2003 y 2007, en los que gobernó su partido, sino que se extiendan hasta 2009, incluyendo los años en los que la empresa ha estado bajo la gestión del PP.
Ferra ha dicho que el PSOE quiere "claridad, transparencia y seriedad", ha demandado "que no se realicen juicios paralelos" y que la comisión no se convierta "en un circo mediático" ni en un arma "para servir a los intereses electorales del PP".
Por su parte, los miembros del PP e IU en la comisión, Melchor Morales y Pedro Sosa, respectivamente, han acusado a los miembros del PSOE de ser obstruccionistas y de entorpecer la labor de investigación municipal, después de que Ferra pidiera ayer su cese por difundir a la prensa el contenido de las reuniones.
Morales, uno de los cuatro miembros del PP en la comisión, ha opinado que los representantes del PSOE "no están siendo colaboradores", y ha considerado que su partido sólo pretende "el esclarecimiento de la verdad" y que eso "molesta" a algunos.
El edil del PP, actual concejal delegado de Limusa, ha explicado que quiere "la máxima transparencia" y ha dicho que está dispuesto a "llegar hasta el final" en las investigaciones para depurar las responsabilidades políticas del caso, "aunque otros quieran quedarse a mitad de camino".
Morales también ha dicho estar dispuesto a comparecer si la comisión lo llama a declarar, atendiendo una petición de IU, que ha solicitado que declaren los ex alcaldes del PSOE Miguel Navarro, imputado en el caso, y Leoncio Collado y el alcalde actual, Francisco Jódar, del PP.
El concejal de IU Pedro Sosa también quiere que declaren ante la comisión los ex concejales delegados de Limusa Miguel Miras, Jesús Molina y Bartolomé Soler, todos del PSOE e imputados, asimismo, por presuntos delitos del malversación, y de Morales, actual responsable político de la empresa, además de algunos funcionarios.
La petición de IU supondría que tendrían que declarar ante la comisión de control político cuatro de sus miembros, mientras que del resto sólo estarían obligados a hacerlo aquellos que en la actualidad son cargos públicos.
Sosa ha considerado "insuficiente" el trabajo realizado hasta ahora por la comisión, y ha pedido "que no se oculte y que se depure", al tiempo que ha recordado que el sumario judicial del caso se levantó el pasado verano y que, por tanto puede hablarse de su contenido.
A falta de las comparecencias el sumario, con más de 3.000 folios y 50.000 documentos adjuntos, es, de momento, el único material con el que trabaja la comisión, que no tiene fecha para la que será su cuarta reunión.EFE