José García Murcia, concejal portavoz de IU-Verdes ha manifestado, en relación con los hechos ocurridos ayer en la concentración en defensa de la educación pública, que la concejalía de seguridad ciudadana ha actuado de forma absolutamente desproporcionada y arbitraria con la intención manifiesta de entorpecer el legítimo ejercicio de un derecho fundamental reconocido a los ciudadanos por la propia Constitución.
En la concentración mencionada en la que participaban "peligrosos" miembros de la comunidad educativa (profesores y maestros, padres, adolescentes y niños), que se desarrolló de forma pacífica y sin incidentes y que había sido previamente comunicada a la Delegación del Gobierno, a los efectos oportunos, agentes de la Policía Local impidieron la colocación de dos pupitres de pequeñas dimensiones que no suponían ningún obstáculo vial y que se pretendían utilizar para la recogida de firmas en defensa de la educación pública, obligando a los organizadores a retirarlas incluso bajo amenaza de detención.
De igual forma, el concejal ha declarado que los agentes obligaron a algunos de los manifestantes, que se encontraban en una actitud totalmente pacífica y nada sospechosos de provocar altercados públicos, a identificarse con el DNI, bajo amenaza de traslado a las dependencias de la Comisaría si no acataban la orden.
Para García Murcia, la actuación policial fue totalmente desproporcionada, arbitraria e injustificable, y ha acusado a la responsable política, la concejala de seguridad ciudadana, de obstaculizar el ejercicio derecho a reunión y manifestación pacífica de los ciudadanos, introduciendo argumentos falaces como la falta de permiso por parte de la Junta de Gobierno Local para la instalación de las mesas, lo que para el concejal demuestra la verdadera intención política subyacente, puesto que no se requiere ese permiso mencionado para la colocación de unos simples pupitres a modo de mesas informativas, que recuerda, no suponían ningún obstáculo para los viandantes y constituían una levísima ocupación del espacio público.
García Murcia ha hecho referencia a algunas sentencias que demuestran la equivocada actuación policial de ayer, bajo órdenes políticas estrictas que atentaron gravemente contra los derechos de los ciudadanos. Así lo establecen tres ejemplos judiciales:
La Sentencia número 195/2003 de 27 de octubre del Tribunal Constitucional en su noveno fundamento jurídico, "respecto a la prohibición gubernativa de instalar mesas y una tienda de campaña en el lugar de la concentración. Ha de recordarse que el ejercicio del derecho de reunión, por su propia naturaleza, requiere la utilización de lugares de tránsito público. En una sociedad democrática, el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación; y por tanto, la prohibición de instalar mesas o una tienda de campaña por los reunidos, con virtualidad para la exposición e intercambio de mensajes e ideas, no puede justificarse en meras dificultades o simples molestias para la circulación de las personas que allí transiten.
A la prohibición gubernativa de instalar mesas en el tiempo y lugar de la concentración, debamos concluir que se produjo una desproporcionada restricción del derecho fundamental de reunión pacífica en lugar e tránsito público. Con tal medida limitativa el demandante de amparo y las demás personas que se iban a concentrar se vieron privados de medios virtualmente eficaces para la emisión e intercambio de los mensajes e ideas cuya difusión era el fin legítimo de la manifestación."
Otros ejemplos son la Sentencia de 17 de diciembre 2010, rec. 1978/2010 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid; y la Sentencia número 101/2011 de 18 de febrero del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Por todo ello, desde IU-Verdes solicitan que la concejala de seguridad ciudadana ofrezca explicaciones públicas sobre la cuestionable actuación policial contra los derechos ciudadanos y exigirá igualmente aclaración de los hechos en el próximo pleno municipal, ya que los hechos demuestran una clara incapacidad política de la concejala para ejercer sus responsabilidades en un Estado Democrático y de Derecho.