El Alcalde de Lorca ha criticado que "Zapatero ha utilizado los presupuestos generales del Estado para eliminar la obligación que la ley antimorosidad le imponía de dar créditos ICO a los Consistorios para pagar las deudas".
El Alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha denunciado que "una vez más el Gobierno de España nos aprieta más el cuello a los ayuntamientos de todo el país y a sus proveedores, dándonos otra doble vuelta de tuerca al eliminar con los presupuestos generales del Estado la obligación que imponía al Ejecutivo Central la ley antimorosidad de facilitar créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en condiciones preferentes, a las administraciones locales para que pudiéramos pagar las deudas atrasadas".
Francisco Jódar ha criticado que "estos créditos eran la única forma que teníamos todos los Consistorios españoles de actualizar los pagos con las empresas que nos suministran bienes o servicios, para poder empezar a pagar después como un máximo de 30 días de retraso. Sin embargo, Zapatero se ha cargado de un plumazo este apartado de la ley que llevaba incumpliendo desde agosto".
El primer edil culpó al presidente del Gobierno de España de "las consecuencias dramáticas que para algunas empresas de todo el país y sus trabajadores puede tener esta decisión, pues ningún ayuntamiento podrá cumplir la ley antimorosidad". Por este motivo el alcalde lorquino anunció que "tomaremos todas las medidas que estén en nuestra mano para frenar esta aberración, tal y como está haciendo el grupo parlamentario popular en el Congreso".
El proyecto de Ley de Presupuestos cambia el artículo de la Ley de Morosidad, que da tres meses al gobierno para crear la línea, por otro que se limita a destacar que el ICO continuará atendiendo las necesidades de financiación de comunidades y ayuntamientos "conforme a los criterios de riesgo económico, financiero y presupuestario" y los objetivos de reducción de estabilidad presupuestario del Gobierno, estableciendo las "garantías necesarias" para la devolución de los préstamos.
Jódar insiste en que mientras no haya una nueva Ley de Haciendas Locales, que garantice la correcta financiación de los ayuntamientos, y mientras las Entidades Locales se vean obligadas a asumir el coste de servicios que les corresponden a otras administraciones, deben establecerse instrumentos para aliviar el endeudamiento de los consistorios y garantizar el pago a proveedores.