El Consejo de Gobierno ha autorizado el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de la Renta Básica de Inserción (RBI) de la Comunidad Autónoma, una aprobación que llega con 10 años de retraso.
El PP plantea la cuestión como un éxito al ampliar tanto la cuantía como el periodo de cobertura, que puede llegar a los 24 meses si la persona beneficiaria se encuentra en un itinerario de inserción y necesita seguir percibiendo la ayuda durante ese periodo.
A pesar de que desde el Gobierno regional aseguran que han hecho desaparecer las listas de espera para cobrar esta prestación, lo que no ha desaparecido ha sido la pobreza en esta región. No solo continúa muy presente entre la ciudadanía, sino que el Gobierno regional ha contribuido a que se normalice el fenómeno entre la población.
Desde IU-Verdes aseguran que un importante número de personas no han podido cobrar la Renta Básica estos últimos años, a pesar de reunir todos los requisitos, por la escasez y la falta de previsión presupuestaria, agotándose la cantidad presupuestada para esta ayuda antes de finalizar el primer semestre del año.
Recuerdan que la renta básica es una ayuda de supervivencia para aquellas personas que están en situación de riesgo o exclusión social, en un contexto social en el que la Región de Murcia destaca por liderar las medias españolas en cuanto a pobreza, pobreza infantil, precariedad y exclusión. La renta básica no es una limosna asistencial, sino que su concepción pasa por un reconocimiento legal de un derecho social reconocido por ley para obtener medios para satisfacer las necesidades básicas de la vida, así como el derecho a percibir apoyos para su inserción social y laboral
Desde la formación de izquierdas consideran que la aprobación ahora de este decreto de renta básica es una estafa y un engaño para los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, el texto legal llega 10 años después a pesar de la insistencia y los múltiples requerimientos de la sociedad civil y de los grupos políticos, entre los que destaca tanto el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Murcia, como la propia IU-Verdes, por su constante preocupación e insistencia o los "tirones de orejas" del CES al gobierno regional en lo que se refiere a la aplicación de la Renta Básica en esta comunidad con varios dictámenes desfavorables.
En segundo lugar, sus "mejoras" son más que discutibles, ya que lo que realmente se necesita es una prestación que permita vivir dignamente, teniendo en cuenta propuestas de inserción de empleo garantizado, y pasar de 300 a 426 euros no lo hace.
De hecho, recuerdan que Murcia es una de las comunidades autónomas que tienen las cuantías más bajas de renta básica (300 euros hasta ahora frente a los 900 del País Vasco).
Además, en IU-Verdes manifiestan que este retraso en la elaboración de este decreto, además de estar injustificado por su más que excesiva duración, se ha producido en un periodo muy duro para una parte muy importante de la población, coincidiendo con los años más brutales de la crisis económica, en los que miles de familias han caído en agujero del desempleo y la precariedad, viéndose abocados a situaciones de grave exclusión, al tiempo que las políticas sociales regionales han sufrido recortes y golpes devastadores.
Por ello, opinan que incrementar un 7,2 por ciento (con respecto al presente ejercicio) las ayudas a las entidades locales y mancomunidades de municipios para financiar los centros de servicios sociales de Atención Primaria es pura miseria y no es más que la muestra de cómo concibe la derecha la política social: no como un derecho o una inversión social, sino como un gasto y como puro asistencialismo y beneficencia.
Señalan que los ciudadanos y las ciudadanas que se encuentran en situación de riesgo y/o exclusión social no quieren perpetuarse en esas condiciones, atadas a ayudas sociales con las que no podrán igualmente sobrevivir en condiciones dignas, sino que necesitan de planes específicos e integrales de empleabilidad, gestionados por la administración pública, para garantizar un empleo en condiciones, que les permita conseguir la inserción social y la normalización anhelada y en los que se trabajen las competencias personales y profesionales en un proceso de acompañamiento social y laboral.
