Fulgencio Gil propone crear una tarifa especial de agua para los hosteleros, que acumulan pérdidas superiores al 70% y afrontan un año de incertidumbre

• Es la principal medida incluida dentro de un Plan de Reactivación, que contempla como eje principal ejecutar la bajada de impuestos aprobada por el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del PP en octubre, con una reducción del 10% en el IBI, y del 5% en el recibo de basura y el sello del coche.

El presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, ha mantenido una reunión de trabajo con la Directiva de la Asociación de Hosteleros de Lorca, Hostelor, encabezada por su presidente, Jesús Abellaneda, para conocer de primera mano las necesidades actuales de los profesionales de este colectivo.

Fulgencio Gil ha trasladado su profunda preocupación y gran incertidumbre tras los datos aportados en el transcurso de este encuentro, poniendo sobre la mesa pérdidas superiores al 70% y cancelaciones masivas, que han dejado el peor diciembre que recuerdan, con decenas de familias muy afectadas, comprometiendo la estabilidad económica de muchos hogares.

Lamentablemente, asistimos a un problema que ha dejado de ser coyuntural sino estructural y constituye un retroceso para la diversificación económica del municipio., en un escenario de pérdidas constantes para un sector estratégico. Nosotros como Ayuntamiento tenemos la obligación de ayudarles. Necesitan un plan de rescate, con incentivos y propuestas reales, además de la activación inmediata de la rebaja de impuestos aprobada en octubre pese al voto en contra del PSOE.

Gil Jódar ha apostado por intensificar nuestra estrategia en defensa del sector, que pasa necesariamente por esta reducción de impuestos. Vamos a proponer, además, el establecimiento de una tarifa especial de agua para los profesionales de este sector. Se trata de una iniciativa que ya hemos trasladado a los hosteleros, y que se enlaza dentro de la batería de propuestas que hemos venido planteando desde que se iniciara la pandemia con el objetivo de ayudar al sector, pero que han chocado siempre con el inmovilismo y la falta de respuesta del actual gobierno local.

Los hosteleros nos han confirmado que numerosos empresarios de este sector se han visto obligados a darse de baja y cerrar sus negocios porque no pueden asumir el gasto provocado por el recibo del agua. Estos cierres podrían haberse evitado en gran medida si se hubiera implantado la medida que propusimos desde el PP para que pudieran acogerse al Bono Social del Agua, pero que, como siempre, se encontró con la cerrazón del gobierno del PSOE.

El ayuntamiento tiene que estimular el movimiento ligado a este sector, y eso pasa inexcusablemente por aplicar ya el acuerdo de pleno impulsado por el Partido Popular y aprobado el pasado mes de octubre que obliga al Consistorio a bajar el IBI y el sello del coche un 10%, y el agua y el IAE un 5%. Los hosteleros nos han confirmado que numerosos empresarios de este sector se han visto obligados a darse de baja y cerrar sus negocios porque no pueden asumir el gasto provocado por el recibo del agua. Estos cierres podrían haberse evitado en gran medida si se hubiera implantado la medida que propusimos desde el PP para que pudieran acogerse al Bono Social del Agua, pero que, como siempre, se encontró con la cerrazón del gobierno del PSOE.

Mateos no puede bloquear más el cumplimiento de los acuerdos de Pleno, en concreto la bajada de impuestos. Lo hemos pedido desde el PP, y contamos con el apoyo de Vox e IU, e incluso Ceclor lo ha reclamado hace apenas unos días.

Los hosteleros nos han transmitido que están sufriendo de forma especial la disparatada subida del precio de la luz, el gas, todos los alimentos y productos de la cesta de la compra, los seguros, la gasolina, y la recaudación de sus negocios no se está recuperando.

De acuerdo con los datos aportados por la consultora AIS, Lorca es el municipio de la Región de Murcia con más familias en riesgo de pobreza, con un porcentaje que alcanza el 31%. Las cifras transmitidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), indican que Lorca es la segunda área urbana con menor renta media anual por habitante de España, con 9.126 euros, pero no hay un proyecto municipal que afronte esta realidad. Sin embargo, las consecuencias de este retroceso las están pagando sectores como el de la hostelería, que no cuenta con el respaldo municipal que merecen.

La inoperancia de Diego José Mateos ha provocado un retraso injusto a los hosteleros. Estaba obligado desde octubre por mandato expreso de la mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento a aplicar la exención de la tasa por instalación de terrazas, pero no ha movido un papel en tres meses. Ni siquiera ha solicitado los informes necesarios e incluso votó en contra de esta medida. Nosotros hemos seguido presionando, y el 23 de diciembre volvimos a insistir en la necesidad de ejecutar este acuerdo de pleno. Llegan tarde y mal, ya que esta exención no será efectiva hasta mediados del mes de marzo, ya que tendrá que ser presentada en el pleno correspondiente al mes de enero y a continuación ser sometida a exposición pública durante el plazo de 30 días, proceder a resolver las posibles alegaciones y posteriormente proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Nuestros hosteleros están resultando particularmente afectados por la crisis socioeconómica y laboral provocada por la crisis del Covid, y no se merecen tener que depender de la presión que ejerza un partido político para conseguir medidas que son de puro sentido común, como es la exención del pago de la tasa por instalación de terrazas, que hemos impulsado desde el PP.

Reclamamos que esta exención se aplique de forma generalizada para cualquier tipo de crisis sanitaria que exija restricciones a los hosteleros. Queremos activar en Lorca lo mismo que se ha hecho en Cartagena. Por ello, solicitamos que se cambien las ordenanzas fiscales del ayuntamiento, de tal forma que la exención y/o bonificación del abono de la mencionada tasa se aplique de forma automática, de oficio, desde el día de la adopción de estas medidas y en cuanto se tengan que aplicar restricciones en el sector a causa de razones de salud pública, crisis sanitaria, pandemias o supuestos similares.

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