Sosa espera que la investigación vaya más allá y las responsabilidades no queden sólo en el "enganchador" o en el "furgonetero"
Víctor Romera, concejal de IU en Puerto Lumbreras y técnico laboral de CCOO, afirma que después de dos décadas del trágico suceso en el que perdieron la vida una docena de trabajadores ecuatorianos, es muy poco lo que se ha mejorado en materia de control, inspección y derechos de los trabajadores
Los portavoces municipales de IU en los Ayuntamientos de Lorca y Puerto Lumbreras, Pedro Sosa y Víctor Romera, han comparecido hoy ante los medios de comunicación para hablar del fatídico suceso acecido este fin de semana en Lorca, en el que un trabajador del campo, afectado por un golpe de calor, era abandonado a las puertas de un centro sanitario y posteriormente fallecía durante su traslado al Hospital Rafael Méndez.
Este hecho, han afirmado los comparecientes, vuelve a poner otra vez el nombre de Lorca en candelero nacional. Y lo hace, mientas su Alcalde se va de vacaciones (con un lacónico lamento por esta muerte en su perfil de Facebook) y su vicealcalde (de Ciudadanos) sigue en sus vacaciones (sin ni siquiera expresar el más mínimo pesar por esta desgraciada muerte).
Nos corresponde a nosotros, a concejales de IU de esta comarca, mantener levantada la bandera de la dignidad en estos momentos tan tristes, y esa dignidad, sostiene Sosa, exige varias cosas. La primera de ellas es la de requerir que el Ayuntamiento de Lorca asuma la acusación y se persone en el procedimiento penal que se tendrá que abrir para perseguir todo el cúmulo de delitos "contra los derechos de los trabajadores" y otros tipos penales, que han podido concurrir en este doloroso suceso. Lo hace ante otros casos y, para nosotros , ahora también es importante ejercer la función acusadora.
Sosa afirma que la investigación abierta por esta muerte debe llegar hasta el final de la cadena que, no pocas veces, no acaba en el "enganchador" o en el "furgonetero", que de momento es el único detenido. Detrás de esa figura del "enganchador" siempre hay un empresario, una finca, una explotación, una marca… y cada cual debe asumir la responsabilidad penal derivada de sus acciones o sus omisiones.
Para el concejal lorquino de IU, la irregularidad laboral tan extendida viene favorecida por las inmensas deficiencias de una Inspección de Trabajo que, en no pocas ocasiones, "tarda más de 8 o 9 meses en atender, tarde y mal, algunas de las denuncias que se les hacen llegar".
Por último Pedro Sosa ha pedido a todos los concejales de la corporación de Lorca que reflexionen sobre lo sucedido. Hace apenas dos meses, afirma Sosa, sólo los concejales de IU salieron en defensa de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando criticaba la irregularidad laboral del sector primario y la necesidad de ampliar las inspecciones de trabajo en los campos. Todos fueron contra ella, incluido el Concejal del PSOE de Lorca y responsable de Agricultura, que criticó a la Ministra públicamente en el Pleno de mayo. Según Sosa esas declaraciones son el mejor caldo de cultivo para que siga existiendo irregularidad y explotación laboral en el campo. Unas irregularidades que los primeros que deberían perseguir son los empresarios cumplidores que, además, son víctimas de una competencia desleal. Sosa ha anunciado que IU está detrás de traer a Lorca a la Ministra de Trabajo, para que conozca de primera mano la situación laboral del sector primario.
Por su parte, Víctor Romera, Concejal de IU en la vecina localidad de Puerto Lumbreras, ha afirmado que en Lorca se repite la historia casi dos décadas después del trágico accidente que costó la vida a una docena de jornales ecuatorianos. Para el edil de IU, que además es experto en relaciones laborales, las inspecciones de trabajo deben redoblarse hasta lograr que en el campo todos los trabajadores tengan contrato de trabajo y se respeten los derechos salariales y sociales establecidos en los convenios.
La irregularidad, afirma Víctor Romera, implica que los trabajadores cobren a veces la mitad de lo que establecen las tablas salariales de los convenios, implica también competencia desleal contra los empresarios que si cumplen con las normas, y, además, siempre supone un fraude contra la Seguridad Social y otro contra la Hacienda Pública. Pero lo peor de todo, termina Romera, es que en pleno siglo XXI se den las condiciones para que un trabajador sea abandonado como un perro a las puertas de un ambulatorio.
