Gloria Martín ha explicado que mientras el Gobierno de España autoriza ahora que estos vecinos puedan disponer de un nuevo plazo para cumplir con el objetivo de las ayudas y, por tanto, no tener que devolverlas, desde Murcia a muchos ya se les han embargado las cuentas del banco porque no pudieron cumplir con las condiciones impuestas en su momento y que ahora han cambiado
La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha valorado positivamente la ampliación, hasta el 31 de octubre de 2023, del plazo de ejecución para la reconstrucción y reparación de las viviendas afectadas por los terremotos de 2011, aprobada por Real Decreto-ley en Consejo de Ministros.
Martín ha indicado que, aunque tardía, la medida es "bien recibida". Y es que IU-Verdes ha pedido "durante años" la modificación de los decretos que regulan las ayudas a la reparación y la reconstrucción tras advertir que "se estaba dejando a mucha gente tirada por el camino".
La concejala de IU-Verdes ha mostrado, no obstante, su preocupación por cómo este Real Decreto-Ley puede afectar al procedimiento de justificación de las ayudas iniciado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En ese sentido, la edil de IU-Verdes ha solicitado la paralización "inmediata" de los expedientes de aquellos afectados a los que ya se les había exigido devolver las subvenciones porque no habían podido cumplir con los plazos previstos inicialmente, que eran de 12 y 24 meses para reparación y reconstrucción, respectivamente.
Y es que se da la paradoja de que, mientras el Gobierno de España autoriza ahora que estos vecinos puedan disponer de un nuevo plazo para cumplir con el objetivo de las ayudas y, por tanto, no tener que devolverlas, desde Murcia a muchos ya se les han embargado las cuentas del banco porque no pudieron cumplir con las condiciones impuestas en su momento y que "ahora han cambiado".
Por ello, la edil ha solicitado que se paralicen las órdenes de embargo y que se reintegren las cantidades indebidamente cobradas hasta que estas familias agoten el nuevo plazo de reparación o reconstrucción. "No tendría ningún sentido aprobar una ampliación a vecinos que ya no disponen del dinero de las ayudas porque se les obligó a su reintegro y al pago de intereses de demora y recargos, lo que hizo que, en algunos casos, incluso tuvieran que pedir préstamos para hacer frente a esa devolución", dijo Martín.
Si de verdad el espíritu de esta nueva norma es evitar "graves dificultades de carácter económico-social" a estos vecinos, los responsables ministeriales deben saber que a algunos de ellos ya se les ha hecho devolver las cantidades recibidas, más los intereses de demora correspondientes, por lo que "hay que darles una solución".
Por otra parte, Martín ha pedido que el procedimiento de justificación de las ayudas de las personas que necesiten acogerse a estos nuevos plazos, se realice "independientemente" del que se está desarrollando en virtud de las leyes autonómicas 8/2018 y 8/2019, que establecieron un tipo de justificación "simplificada" que podría beneficiar a miles de vecinos que sí pudieron concluir las obras de reparación "en tiempo" y que llevan tres años esperando que se cierren sus expedientes.
