Fulgencio Gil propone que el Ayuntamiento exija a Pedro Sánchez que no negocie un acuerdo que quebrante la unidad de nuestro país y la igualdad entre españoles

Los populares subrayan que "lo que tenga que ser España y sus Comunidades Autónomas lo hemos de decidir entre el conjunto de los españole

A través del municipalismo, tenemos la oportunidad de defender España"

El Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha informado de que el PP va a proponer que se debata en la próxima sesión del Pleno del Ayuntamiento, prevista para este viernes, que el Consistorio Municipal inste a Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno en funciones, a no negociar un acuerdo de investidura con los independistas catalanes y vascos que ponga en peligro la unidad de nuestra nación y la igualdad entre españoles. Desde el Pleno del Ayuntamiento, a través del municipalismo, tenemos la oportunidad de defender España.

En este mismo sentido, desde el Partido Popular, se va a plantear que el Ayuntamiento, siguiendo la opinión de la inmensa mayoría de los lorquinos, reclame al actual gobierno central que no ceda ante la pretensión independentista de crear una "mesa de negociación" entre los gobiernos de Cataluña y España" como si de dos naciones distintas se tratase.

Lo que tenga que ser España y sus Comunidades Autónomas lo hemos de decidir entre el conjunto de los españoles. Esta premisa es un clamor entre los lorquinos, independientemente de su ideología política, por eso desde el PP reclamamos que Pedro Sánchez no asuma la pretensión independentista de sustituir el problema de convivencia existente en Cataluña por un supuesto "conflicto político".

Fulgencio Gil ha explicado que el Presidente en funciones del Gobierno de España ha iniciado un proceso de negociación que le ha llevado a sentarse con fuerzas independentistas y secesionistas, cuyo objetivo es la liquidación de la Nación Española y de su unidad, constitucionalmente consagrada, olvidando que nuestro sistema territorial ha dotado a las distintas Comunidades Autónomas que la componen de un nivel de autonomía y descentralización que se encuentra entre los más avanzados del mundo. Esta decisión, sin haber realizado consultas a todos los partidos- tal y como se comprometió a hacer el pasado 13 de octubre en su documento "Plan para avanzar y vencer el bloqueo", ha provocado que la sociedad española muestre su preocupación por las posibles cesiones que el Presidente en Funciones del Gobierno de España está dispuesto a llevar a cabo con tal de ser reelegido.

Durante las últimas semanas hemos asistido a una progresiva aceptación del lenguaje independentista, pasando del conflicto de convivencia en Cataluña, a sostener que existe un supuesto "conflicto político". Una aceptación que legitima "de facto" las pretensiones de aquellos que buscan destruir nuestra nación. Todo parece indicar que las exigencias de los independentistas buscan el establecimiento de una relación bilateral entre Cataluña y España como si fueran estados independientes, y la puesta en marcha de una mesa de diálogo. Pretensiones y órganos que se encuentran fuera de los establecidos por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña para las relaciones entre CCAA y el Gobierno de España.

El Partido Socialista, hace apenas tres años, destituyó a su entonces Secretario General, Pedro Sánchez, por intentar llegar un acuerdo con los independentistas-secesionistas que no llegaba tan lejos como pretende hacerlo en la actualidad. La unidad de España, la solidaridad entre regiones y Comunidades Autónomas, y la libertad (libertad por ejemplo para elegir la lengua en la que se expresan o en la que estudian sus hijos) e igualdad de los españoles son los pilares básicos de la democracia española y la defensa de los mismos debe estar por encima de partidos políticos e ideologías.

Los populares también plantean instar al Presidente del Gobierno de España en funciones a que no se establezca dialogo alguno fuera de las instituciones recogidas en la Constitución, y solicitan al Presidente del Gobierno en funciones, hacer públicas las exigencias de los independentistas para que todo el pueblo español pueda conocer con transparencia las concesiones que se realizarán a los independentistas.

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