Alguien debería pedir perdón al pueblo de Lorca por este quebranto económico que ya se eleva a 11,5 millones de euros
El Concejal-Portavoz del Grupo Municipal de IU-V en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, salía hoy al paso de la última sentencia en materia de convenios urbanísticos que condena al Ayuntamiento de Lorca a devolver 1,1 millones de euros a los promotores de un plan disparatado, que sólo contó con la oposición de IU en el Pleno del Ayuntamiento, y que pretendía multiplicar por 25 la población de la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos. Pretendían la construcción de cerca de 8000 viviendas en una pedanía de las tierras altas de Lorca que apenas sobrepasa los 1000 habitantes, apunta Sosa.
Sosa ha recordado que "el tren de los convenios lo llevaba en Lorca el PSOE, la palanca la movía su alcalde, y a su paso le aplaudían el PP, los representantes más granados del empresariado lorquino y los especuladores".
El concejal de IU-V ha tenido palabras de recuerdo para el fallecido portavoz de IU, José Antonio Pujante, y tirando de las actas de aquellos plenos municipales en los que se debatía sobre urbanismo en Lorca, ha afirmado que Pujante se cansó de advertir entonces sobre la inviabilidad de dicho urbanismo; de la desmesura urbanística en la que se aventuraba el Ayuntamiento de Lorca¸ del urbanismo depredador del territorio, del paisaje y del medio ambiente; de los costes sociales; de la espiral especulativa; de las dificultades para dotarlos de infraestructuras; y también, cómo no, de los riesgos económicos, que como es el caso, finalmente han conllevado, desembocando en estos momentos en el MAYOR QUEBRANTO ECONÓMICO conocido que las arcas municipales hayan podido tener en muchas décadas atrás, con la consiguiente repercusión sobre los ciudadanos y la prestación de servicios.
Sosa ha pedido al gobierno local que se remita a su grupo copia de esa sentencia reciente, al tiempo que mantiene que su formación política no está a favor del allanamiento del Ayuntamiento en los pleitos pendientes y en los que puedan venir, ya que eso implica reconocer a quienes vinieron a especular con el suelo a través de los convenios "un derecho al reintegro de lo que apostaron en el casino del suelo en el que convirtieron a Lorca la pasada década". Un buen empresario, afirma Sosa, es el que corre con el riesgo y ventura de su empresa y de su inversión, no el que hace apuestas sólo para ganar, asegurándose siempre "lo metido". En esa línea, el concejal de IU-V mantiene que el Ayuntamiento debe agotar por lo menos la primera instancia y sostener una defensa seria y rigurosa de los intereses económicos del Ayuntamiento. Además, no todos los convenios urbanísticos tienen las mismas cláusulas, ni todos acaban con el mismo Juez.
Pedro Sosa afirma que aunque ahora está de moda "estar en contra de los convenios urbanísticos", y que se están apuntando a esta moda todos los actores políticos de Lorca, lo cierto y verdad es que la única oposición a los convenios que hubo cuando tenía que darse es la que realizó IU. Entonces nos llamaron de todo, nos dijeron que estábamos contra el progreso de Lorca, contra el empleo, contra el desarrollo, y nosotros pusimos encima de la mesa toda una batería de argumentos urbanísticos, territoriales, ambientales, sociales y económicos que el tiempo, por desgracia, ha demostrado acertados.
Sosa afirma que el acta fundacional de los convenios urbanísticos (en Lorca, en la Región de Murcia y en España) hay que situarla en la entrada en vigor de la Ley del Suelo de Aznar en 1998. A partir de esa Ley, que declaraba que España entera era urbanizable, pudieron hacerse planes generales de ordenación urbana como el de Lorca (que empezó a gestarse en 1999, tras la pérdida de representación local de IU en el consistorio lorquino, y por acuerdo vergonzante entre los dos únicos partidos -PSOE y PP- de aquella corporación 99-03)
En ese Plan General votado por el PSOE y PP ya se integraron diversos convenios en el mismo momento de su aprobación, y después serían muchos más los que pasarían por el Pleno del Ayuntamiento, para, pasados los años, provocar un quebranto económico que hoy paga el pueblo de Lorca cuando lo deberían estar pagando los responsables políticos que avalaron aquellas actuaciones.
Sosa ha afirmado que el gran misterio en torno a los convenios urbanísticos sigue siendo "qué destino se dio al dinero recaudado por las arcas municipales". La Ley previene al respecto que ese dinero debería engrosar el patrimonio municipal del suelo, y no sólo no consta que ello fuese así, sino que la empresa que durante años gestionó ese patrimonio (SUVILORSA) está años y años en proceso de liquidación y costando grandes cantidades de dinero al Ayuntamiento. Ahora nos enteramos, por boca del concejal de Hacienda que el dinero que entonces recogía el Ayuntamiento se fundió en "gasto corriente".
Por último, el portavoz de IU-V ha recordado que "ni siquiera los partidos responsables de aquello han pedido perdón al pueblo de Lorca, y eso es lo mínimo que deberían hacer"
