Adoración Peñas, concejala de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Lorca, ha demandado esta mañana que se resuelvan las alegaciones que se presentaron por parte de grupos políticos y asociaciones hace una año al Avance del PEPRICH (Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico Artístico de la Ciudad de Lorca) y su inmediata puesta en marcha para frenar el deterioro de nuestro casco histórico.
Peñas ha señalado que desde se dio a conocer el Avance del PEPRICH en marzo del pasado año, dando un mes para presentar alegaciones a los interesados, ha transcurrido ya un año y medio sin que se les haya dado respuesta a las mismas, mientras que las cornisas de los edificios del casco histórico siguen cayendo y los inmuebles protegidos deteriorándose, y eso pese a la gran cantidad recibida de los fondos BEI para la recuperación de la ciudad.
Desde la óptica del grupo municipal de IU-V, el PEPRICH es necesario, pero para lograr el objetivo de un conjunto histórico-Artístico saneado tenemos que ser rigurosos en la implementación de dos leyes en vigor que son de plena aplicación en este ámbito: la Ley de Patrimonio Histórico Español y la de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, poniendo en marcha todos los mecanismos que se establecen en las mismas, y entre ellos y muy particularmente el de la exigencia a los propietarios a que mantengan en condiciones los inmuebles catalogados, cumpliendo con sus obligaciones inherentes a ello, y expropiando en caso contrario.
Lo que no nos vale, asegura Peñas, es lo que se ha hecho hasta la fecha: rehabilitar con el dinero de todos las casonas y palacetes de unos pocos, sin ningún retorno público para la sociedad lorquina, y sin una evaluación sobre si esa rehabilitación cumple con las exigencias derivadas del grado de protección de cada uno de los inmuebles restaurados.
Por último, para la edil de izquierdas, el Avance debe incorporar las sugerencias, que nos consta que se han realizado, de las asociaciones de defensa del patrimonio cultural de la ciudad; debe además evaluar el grado de cumplimiento del PEPRI que se pretende revisar y ampliar y que fue aprobado formalmente en marzo de 2000; y, sobre todo, debería corregir la injustificada variación, en la inmensa mayoría de los supuestos a la baja, del grado de protección de los inmuebles que hasta la fecha protegía, al menos sobre el papel, el anterior PEPRI. Son 25 los inmuebles que cambian de grado de protección. Uno de ellos pasa del 1 al 3. Tres de ellos pasan del grado 2 al grado 3. Dos pasan del grado 3 a quedarse sin protección alguna, y la mayoría pasan del grado 3 a un nuevo grado, el 4, donde ya se permite todo. Y ello se hace además sin que exista un informe justificativo de la modificación de los grados de protección con respecto al PEPRI anterior.
