Sosa: La irregularidad perjudica a todos, a los inmigrantes y a los lorquinos de toda la vida, y es el mejor caldo de cultivo para cometer delitos contra los trabajadores y para que las mafias hagan su agosto traficando con el empadronamiento.
Las barreras de acceso al padrón están llevando a los irregulares a vivir en cebaderos abandonados, en casetas de riego o directamente en los cabezos o montañas que circundan la ciudad de Lorca.
Con ocasión de la inminente apertura de las ventanillas de la administración en toda España para proceder a la regularización extraordinaria de extranjeros, prevista para este mes de abril, empiezan a aparecer informes, proyectados públicamente por los medios de comunicación, sobre la diligencia de las administraciones para facilitar este proceso, sobre la situación en la que malviven miles de personas que están en situación irregular en nuestro país, y sobre las barreras de acceso que algunos ayuntamientos españoles están poniendo al empadronamiento de los "irregulares".
IU de Lorca, a través de su portavoz municipal Pedro Sosa, ofrecía esta mañana una rueda de prensa para señalar que la irregularidad perjudica a todos: a quienes tienen la desgracia de vivir en esa situación, pero también a quienes somos lorquinos de toda la vida. La irregularidad, abunda Sosa, sólo beneficia a esas gentes sin escrúpulos que explotan laboralmente en el campo a los irregulares, defraudando de paso a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, y también, claro, a esas mafias que han articulado "redes de cobro" para aprovechar la vulnerabilidad de la situación irregular y cobrar cantidades indecorosas por una cama por horas o por tramitar un empadronamiento aprovechando la tenencia o disposición de inmuebles en ruinas y de viviendas.
Tenemos un modelo productivo, casi sin reglas y basado en el "agua para todos" que han incrustado en Lorca quienes llevan años gobernando nuestro municipio y nuestra región. Un modelo con carencia de reglas, de controles y de formalidad que ha sido el caldo de cultivo que posibilita que el pasado mes de febrero la Policía Nacional desarrollase un amplio operativo contra la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en el sector agrario en varias fincas del término municipal de Lorca, identificando a 72 trabajadores en situación irregular, trasladados diariamente en autobuses y furgonetas hasta explotaciones del municipio.
Sosa afirma que Lorca aparece más veces de las que sería deseable en el informe citado, vinculando el nombre de nuestro municipio a: 1) La "indiscriminada e irregular comprobación policial preventiva para darse de alta en el censo" lo que genera un efecto de disuasión que abunda en el irregularidad, 2) Al ecosistema de precariedad habitacional (infravivienda periurbana y asentamientos informales con barracones y naves agrícolas habitadas sin condiciones mínimas) que afecta a la población inmigrantes empleada en el sector agrícola de Lorca, 3) a la existencia de "redes de cobro" de "mediadores no oficiales" a quienes se confían los procedimientos de residencia con denuncias comprobadas de cobro de 500 euros por empadronamiento en pisos donde se inscriben hasta a una docena de personas, 4) a la existencia de subarriendos por camas en "pisos pateras" con inscripción en el padrón de todos los que "duermen allí" cobrando por ello hasta 1000 euros.
Todo esto, afirma en edil de izquierdas, es la consecuencia de la irregularidad que campa en esta economía frágil que se ha incrustado en Lorca en la que unos pocos se hacen ricos en un contexto de empobrecimiento global del municipio y de descenso vertiginoso de la renta media de los lorquinos. Por eso es tan importante que, además de "repensar" nuestro modelo productivo para dejar de ligarlo todo al sector primario intensivo, seamos sensatos y no pongamos trabas y dificultades a la "regularización".
Según Sosa ayer mismo hizo una solicitud telemática (que acabó cancelando de inmediato) pidiendo cita previa para gestiones en la oficina del padrón de Lorca, y, contra los derechos que garantizan las leyes sobre la "inmediatez" que debe exigirse para este trámite, el concejal denuncia que la cita se alargaba más de un mes. Sobre este extremo insiste en que la responsabilidad de estas situaciones es exclusiva de los políticos y que nada cabe reprochar a la demostrada eficiencia y profesionalidad de los trabajadores públicos del padrón de Lorca, que, deberían ser reforzados por el aumento evidente de su carga de trabajo.
Así las cosas, y teniendo en cuenta tanto lo afirmando sobre Lorca en el informe citado, como la "jactancia" de la concejal de la extrema derecha que es titular de la concejalía de servicios sociales, aumentando en un 70% las denegación de reagrupación familiar que llegan a su concejalía, el concejal de IU advierte que va a exigir que se sea absolutamente respetuoso con la Ley y con los derechos de las personas en todo el procedimiento, sin dificultar y sin poner trabas a la tramitación de los expedientes que, como hemos visto, solo beneficia a las redes mafiosas del empleo negro e informal y de la infravivienda. En tal sentido ha recordado que muy recientemente el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, dirigió al Ayuntamiento de Archena, también gobernado por la derecha, una resolución en la que le conminaba a: 1) Remover obstáculos que provocan demoras en la obtención de cita previa para realizar trámites padronales, adoptando medidas de reorganización o aumento de efectivos, 2) generalizar la posibilidad de realizar por vía electrónica, así como directamente por registro de entrada, aquellos trámites y gestiones en los que no se exija la presencialidad por norma con rango de ley como es el caso de los trámites relacionados con el Padrón de habitantes, 3) Permitir la obtención de cita previa por vía telefónica y presencial y no exclusivamente por medios electrónicos, y 4) Permitir el acceso a un registro para entregar la documentación necesaria para poder hacer un trámite padronal sin necesidad de obtener cita previa.