Uno de los empresarios se negó a la realización de la inspección a la vez que alertaba a sus trabajadores quienes fueron sorprendidos e interceptados cuando saltaban la vaya perimetral del centro de trabajo. Una vez finalizadas las indagaciones policiales el empresario quedó detenido

Agentes de la Policía Nacional en colaboración con Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Región de Murcia, han llevado a cabo tres inspecciones realizadas en centros de trabajo del municipio lorquino para luchar contra situaciones laborales donde se pudieran estar vulnerando los derechos de los trabajadores extranjeros, dando como resultado la detención de una persona como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las investigaciones se iniciaron hace unos meses, a raíz de la denuncia de uno de los trabajadores, en la que manifestaba haber estado trabajando de forma ilegal para el sector agroalimentario y, tras sufrir un accidente de trabajo, el empresario no se hizo cargo y le cesó en su puesto laboral.

Tras lo cual y dentro de las funciones que tiene encomendada la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Lorca, se procedió a la inspección de varias empresas, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

En la primera de estas empresas revisadas se detectó la presencia de tres personas, mujeres en situación regular, pero carentes de contrato laboral. Así mismo cabe destacar la negativa del empresario a facilitar el paso a la inspección policial y laboral, alertando a los trabajadores y siendo estos interceptados cuando abandonaban su puesto de trabajo, saltando la vaya perimetral de cierre del centro de trabajo. El empresario fue detenido por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

Aleatoriamente se procedió a la inspección de otras dos empresas del sector agroalimentario, una de ellas con 140 trabajadores extranjeros resultando estar todos ellos con permiso de residencia y trabajo y con contrato laboral. La tercera de las empresas inspeccionadas, con tan solo siete trabajadores, carecían todos ellos de contrato laboral.

Por todo ellos se han llevado a cabo las pertinentes diligencias y se ha dado cuenta a la autoridad judicial y de las actuaciones derivadas de las inspecciones.