Lorca, 15 ene (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Lorca se ha inhibido de las competencias en el Caso Limusa a favor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que continuará la instrucción, excepto en lo relativo a los delitos contra la Hacienda Pública y los derivados de los mismos.
En un auto firmado por el juez Sergio Romero, fechado el 28 de diciembre, el magistrado confirma la inhibición a favor del TJS, aunque indica que "eventualmente podrá quedar como competente este Juzgado para la instrucción de algún otro delito que pudiese aparecer en el curso de la presente instrucción".
El juzgado lorquino remitirá a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ toda la documentación del caso, aunque se quedará con copias de archivos informáticos "a los efectos de poder instruir los delitos para los que sigue manteniendo competencia".
Entre los hechos que seguirá investigando el juez Romero se encuentran los relativos a la "construcción, explotación y conservación del aparcamiento público en sótano de plaza de abastos y la ejecución de obras de remodelación y la entidad Lorca Centro Abierto S.L.".
En este auto el magistrado también nombra a todos los imputados en la presunta trama de corrupción que se investiga en la empresa municipal de limpieza, un total de 16, entre los que se encuentran el ex gerente de Limusa, Francisco Gil, y su esposa, el ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro, dos ex concejales del PSOE y otros dos del PP, el ex interventor municipal y varios funcionarios del servicio de intervención.
Junto a ellos mantienen la calidad de imputados por posibles delitos contra la Hacienda Pública, instrumentales y derivados, en relación con la construcción del aparcamiento, un notario, un corredor de seguros, un empleado de banca, un ex concejal del PSOE, un dentista y dos hermanos empresarios del sector eléctrico.
En un auto anterior, con fecha del 21 de diciembre, el juez Romero desestima la petición de "Diego Ferra García, concejal portavoz del Partido Socialista" en el que éste "pretende el ejercicio de la acción popular" en el Caso Limusa, dado que el juzgado de Lorca se inhibe del mismo a favor del TSJ. EFE