Despedido el director de Limusa, acusado de realizar grabaciones clandestinas a trabajadores

Lorca, 2 mar (EFE).- El consejo de administración de la empresa municipal de limpieza de Lorca Limusa acordó hoy, en una reunión extraordinaria, el despido disciplinario del que hasta ahora había sido su director de servicios, Francisco Gil, al que se acusa, entre otras "faltas muy graves" de fraude y de realizar grabaciones clandestinas de conversaciones de los empleados que usó en un juicio contra la empresa pública.

El concejal de Empresas Municipales, Melchor Morales, compareció en una rueda de prensa tras la celebración del consejo y explicó que el ayuntamiento ha ejercicio, con este despido, su "responsabilidad" tras demostrar el incumplimiento que Gil realizó del convenio colectivo "en varios aspectos".

Morales explicó que el gerente de Limusa, Santos González, se encargó de redactar la carta de despido, que ya ha sido firmada por Gil, y subrayó que el despido se basa "en hechos probados", entre los que citó "fraude, deslealtad, abuso de confianza, violación del secreto de la correspondencia y documentos reservados de la empresa, abuso de autoridad y faltas de respeto a compañeros y subordinados".

Según Morales el comportamiento de Gil constituye "una falta muy grave según lo contemplado en los artículos 58.3, 58.7, 58.11 y 58.14 del convenio colectivo del sector de limpieza pública viaria".

El concejal recordó que Gil demandó recientemente al gerente de la empresa por acoso laboral y al ayuntamiento por intentar bajarle el sueldo y señaló que en el juicio aportó "documentos que no debería tener" porque eran propiedad de la empresa y para cuya posesión no estaba autorizado.

Esos documentos junto a las grabaciones de conversaciones privadas que realizó a los trabajadores en su lugar y horario de trabajo sin el consentimiento de estos han forzado el despido, dijo Morales.

El concejal señaló que también se ha demostrado que Gil y su esposa, también trabajadora de la empresa, percibían ayudas académicas para sus hijos por cuantías superiores a las establecidas en el convenio colectivo.

Asimismo la empresa ha demostrado que Gil autorizó facturas por 5.721 euros para pagarle supuestamente a una unión temporal de empresas con sede en Sevilla que se disolvió en el año 2002.

La reunión se celebró en el Ayuntamiento de Lorca, fue presidida por el alcalde, Francisco Jódar, y a la misma asistieron dos representantes del PP, uno de IU y dos del PSOE, además del asesor jurídico de la empresa y un representante de los trabajadores.EFE

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