Primera valoración de IU-Verdes de Lorca del Real Decreto 1505/2012, de 2 de noviembre, por el que se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas.
"Las medidas acordadas por el Gobierno defraudan y dejan sin cobertura muchos de los daños producidos", dice IU-Verdes de Lorca.
Sobre la valoración, en primer lugar IU-Verdes considera que la magnitud de la inundación del día 28 de septiembre pasado en nuestra comarca, y la cantidad y diversidad de daños producidos merecían una atención específica, por lo que lamenta que el Gobierno de España no haya contemplado ayudas "ad hoc", sino que por el contrario se haya limitado a ampliar el ámbito de aplicación de un Real Decreto ( el 25/2012 de 7 de septiembre), cuando la casuística de las consecuencias evidentemente es bien distinta.
En ese mismo sentido, IU-Verdes, a través de su concejal portavoz José García Murcia, ha criticado que para la valoración y tasación de daños, el decreto remita a los valores contemplados en el Real Decreto de 18 de marzo de 2005, por el que se determinaron las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, con lo que efectivamente los valores, desde el análisis de IU-Verdes están desfasados y claramente por debajo del valor real actual.
También como cuestión previa, IU-Verdes pone de manifiesto las incongruencias de las declaraciones de los líderes del Partido Popular lorquino y regional, entre los que cabe citar a Pedro Antonio Sánchez, alcalde de Puerto Lumbreras y vicepresidente del partido popular murciano, en los días siguientes a la inundación, en las que por una parte pedía "tiempo para hacer un buen análisis y de esa manera dictar la norma apropiada", y por otra "hablaban de exigencia ante el Gobierno de España". Como está a la vista ha habido complacencia de esos líderes. Con el decreto aprobado el viernes 2 de noviembre de 2012, ni el mes trascurrido ha dado la mejor respuesta, ni los alcaldes de Lorca y Puerto Lumbreras, ni ningún otro representante o portavoz del partido popular en la Región han manifestado contrariedad por el decreto.
En cuanto a las medidas propiamente dichas, José García Murcia ha declarado que es totalmente inaceptable que las explotaciones agrarias y ganaderas que no tengan seguro queden totalmente descartadas de las ayudas, y que ni siquiera, tal como demandaban las asociaciones agrarias no se hayan ampliado las coberturas de los seguros en determinados supuestos.
En lo que tiene que ver con las ayudas a daños en viviendas, es de todo punto incomprensible que los daños de vivienda sólo se cubran hasta un valor máximo de 15.120 euros, cuando en muchos casos el siniestro recae sobre familias anteriormente damnificadas de los terremotos; que los denominados "otros daños" sólo se cubran hasta el 50 por 100 con un máximo de 5.160 euros; y que los enseres sólo se compensen hasta 2.580 euros, cuando precisamente quizás sea ese (el de los enseres) uno de los conceptos que más pérdidas haya contabilizado en las viviendas siniestradas.
La valoración global que ha hecho el concejal García Murcia es que la medida aprobada evidencia la despreocupación del Gobierno de España por los asuntos de Lorca, que suma dos grandes catástrofes en menos de año y medio, y que sin haber sido compensada por los daños de la primera queda también olvidada en esta segunda. La llegada del Partido Popular al Gobierno de España lo pone en evidencia y aflora sus verdaderas prioridades, a saber, el sostenimiento del mundo financiero – especulativo y mercantil frente al bienestar de los ciudadanos.
Igualmente, desde el punto de vista de IU-Verdes, los líderes populares de Lorca y Puerto Lumbreras, Srs. Jódar y Sánchez respectivamente quedan en entredicho y, dice José García Murcia, deberán responder ante los ciudadanos de sus silencios.
Por último, IU-Verdes anuncia que emprenderá iniciativas a nivel de Ayuntamiento, de Asamblea Regional y de Congreso de los Deputados para exigir ampliación de las ridículas coberturas dadas por el Real Decreto 1505/2012, de 2 de noviembre.