Afirman que no es motivo para celebrar, sino un síntoma de la necesidad de mejora que presenta nuestra región en esta cuestión.
Después de suspender sistemáticamente esta comunidad autónoma en los diferentes informes de los últimos años elaborados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en cuanto a la gestión de la dependencia, situándose Murcia siempre a la cola del país, ya va siendo hora de que se tomen medidas serias y urgentes.
Si bien es cierto que se incrementa el número de perceptores que reciben en la Región algún tipo de ayuda, prestación o servicio de la Dependencia en más de 30.000 personas, y que, paralelamente, la lista de espera se reduce, el hecho de que, a día de hoy, 5.317 murcianos sigan aguardando las prestaciones a las que tienen derecho, no es una buena noticia para IURM-Verdes. Resaltan que el 13,5% de las personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación en Murcia están a la espera de recibir sus ayudas, mientras todavía el 30% de las personas valoradas con un grado I (el más leve) están a la espera de sus ayudas en la Región.
Desde la formación de izquierdas recuerdan que Murcia ha sido, tradicionalmente, una de las comunidades con peores resultados en la aplicación de la Ley de Dependencia, por lo que afirman que cabe cuestionar muy en serio tanto la gestión como las políticas en dependencia que se han venido realizando hasta ahora y que tantas críticas han recibido por parte de la organización política.
Desde IURM-Verdes manifiestan que es necesario cuestionarse la calidad de los servicios que se están ofreciendo, ya que el hecho de que la región continúe siendo deficitaria en residencias y centros de día, y que también esté a la cola en ayuda a domicilio después de 11 años de estar en vigor la ley, es muy significativo.
De hecho, recuerdan que una de las cuestiones que IURM-Verdes más ha denunciado en estos años es que en la región se haya apostado por las prestaciones económicas (precarias y deficitarias, además) antes que por la inversión en centros y servicios tal y como la norma legal establece. En total, el 46% de dependientes de la Región reciben un servicio, mientras en España el porcentaje asciende al 67%. Además, afirman que los múltiples recortes en el sistema de atención a la dependencia durante los años más duros de la crisis han tenido como consecuencia prestaciones más bajas, copagos más altos y baremos más restrictivos; al tiempo que centenares de personas han fallecido sin llegar a recibir las ayudas a las que tenían derecho debido a que sus expedientes permanecieron paralizados durante años, teniendo que soportar el IMAS un importante número de condenas judiciales por quebrantar los derechos de las personas dependientes.
Afirman desde la formación de izquierdas que la leve mejora actual (reconocida incluso por la propia Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales antes citada) en las políticas de atención a personas dependientes, no debe hacer que se olviden las asignaturas pendientes del gobierno regional en esta materia, y recuerdan que la precarización de servicios y prestaciones económicas continúan siendo una necesidad imperiosa para esta región, con el fin de normalizar la vida de los dependientes y sus familiares. No hay que olvidarse, dicen, del necesario impulso que requiere una prestación tan necesaria como la ayuda a domicilio, prestada en la mayoría de ayuntamientos por empresas externalizadas; ni de que tenemos menos plazas en residencias y centros de día por habitante que la media nacional, traducido en que el 54% de las personas dependientes reciben en la Región prestaciones económicas al cuidador(algo que la propia ley contempla que debería ser una excepción) mientras apenas el 8,5% ocupan una plaza en un centro día público, y el 10% en una residencia.
Por todo ello, desde IURM-Verdes advierten de los importantes déficits estructurales que sufren los servicios sociales de la Comunidad desde hace años y exigen al gobierno regional que no se relajen con las mejoras reconocidas y reformulen las políticas de atención a las personas dependientes y a sus familiares, sin duda, unos de los colectivos más castigados por los años de crisis y más desatendidos por el gobierno regional.