La portavoz de este colectivo, Concepción Bravo, asegura que están dispuestos a asumir muchas de las medidas presentadas por Urbanismo y por los grupos municipales en la oposicición pero que la distancia de 15 metros entre las explotaciones ganaderas y sus casas es "inasumible"
La Plataforma 'Stop Cebaderos junto a viviendas' ha presentado formalmente un documento con sus aportaciones para que sean estudiadas por la comisión especial que trata la armonización de los usos residenciales y ganaderos del suelo en el término municipal de Lorca.
Respecto a las prescripciones técnicas propuestas por la Concejalía de Urbanismo, la plataforma asume todas las medidas correctoras que contribuyan a paliar los efectos perniciosos causados sobre el Medio Ambiente por las explotaciones de porcino. También suscribe mantener el improrrogable plazo de 15 años fijado en el proceso de legalización de granjas porcinas, para su desmantelamiento al acabar este periodo transitorio. Y acepta la elaboración de una Ordenanza del sector que recoja las condiciones y requisitos exigibles a explotaciones existentes que generan malestar por malos olores, siempre y cuando respete los derechos constituciones a la protección de la salud (art.43CE) y a un medio ambiente adecuado (art. 45 CE), ya que en ambos subyace el derecho de los ciudadanos a gozar de una calidad de vida que sea coherente con la dignidad de la persona, derecho fundamental reconocido en el artículo 10 de la Carta Magna.
La Plataforma, sin embargo, se manifiesta en contra del aumento de la distancia, de 5 a 15 metros, entre los límites de edificaciones y balsas de purines con las parcelas de uso residencial,que considera "manifiestamente insuficiente", según la portavoz de este colectivo, Concepción Bravo.
Al respectó, opinó que esta medida "no resuelve el problema" y contraviene el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ["Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia"] que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reconoce en su Sentencia de 9 de diciembre de 1994, y que sienta precedentes en materia medioambiental. En ese sentido, recordó al Ayuntamiento su obligación de proteger a los individuos cuando éstos se ven afectados en sus derechos. "Creemos, como defiende el TEDH, que el consistorio es un actor público garante de los intereses de los administrados y que está obligado a mantener un justo equilibrio entre el interés económico empresarial y el derecho de los ciudadanos al disfrute efectivo de su domicilio y su vida privada y familiar.
Respecto a las propuestas aportadas por los grupos municipales, Bravo explicó que la plataforma está de acuerdo con todas las planteadas por IU-Verdes y que incluyen que el Ayuntamiento proceda a la reelaboración de la relación de los núcleos rurales existentes en el término municipal, de manera que se ajuste a la realidad social y urbanística, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. En su defecto, también asumirían la propuesta delGrupo Municipal Socialista acerca de que "se tengan en cuenta aquellas concentraciones de viviendas que, sin estar calificadas como núcleo o suelo urbano, presenten un grado de consolidación importante en cuanto a número de viviendas por hectárea, implantación de servicios urbanísticos o grado de ocupación de las viviendas como residencia habitual".
La Plataforma e IU-Verdes también coinciden en señalar los 1.000 metros como la distancia óptima entre viviendas y explotaciones ganaderas(excepto las de carácter doméstico). Bravo explicó que el artículo 148.3 del PGOM de Lorca establece esa misma distancia para los núcleos de pedanías y el suelo urbanizable sectorizado de La Paca, Purias, y el núcleo de Casas de Don Gonzalo. "No debería caber distinción alguna entre lo no permitido en las distintas zonas rurales de Lorca cuando lo que está en juego son derechos que deben ser protegidos por las administraciones públicas indistintamente del lugar de domicilio del ciudadano", aseguró. Además, esta distancia es la vigente en otras comunidades autónomas, que afecta a municipios de "mucho menor extensión que el de Lorca".
Por último, Concepción Bravo volvió a reiterar que la Plataforma "no está en contra del sector ganadero" y que, únicamente, actúa en defensa de derechos fundamentales "que deben primar sobre los intereses económicos". "Entendemos que es una cuestión difícil de regular, pero no imposible. Comprendemos que resulte complicado plantear a los ganaderos que trasladen sus explotaciones fuera de los núcleos de población, porque conlleva un esfuerzo económico importante" dijo Bravo, quien añadió que "el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de abordar con valentía una nueva ordenación que armonice la actividad ganadera con los derechos constitucionales de los ciudadanos".
