La portavoz de 'Stop cebaderos junto a las casas', Concepción Bravo, asegura que no están en contra de los ganaderos pero sí creen que las administraciones públicas deben gestionar adecuadamente para hacer compatible el desarrollo de esta actividad con el derecho constitucional a la salud y a un medio ambiente adecuado.
Medio centenar de vecinos de la diputación lorquina de Tercia (Lorca) se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento para exigir al Alcalde, Francisco Jódar (PP), una modificación del Plan General de Ordenación Municipal de manera que se armonicen los usos residenciales y ganaderos del suelo. Una problemática bastante generalizada que afecta a otras pedanías lorquinas como Purias, Campillo o La Hoya, e incluso a municipios limítrofes como Puerto Lumbreras. Los afectados ya han reunido cerca de un millar de firmas para poner solución a un problema que amenaza a su bienestar y está alterando la paz social entre vecinos y ganaderos.
La gota que ha colmado el vaso es la concesión de un permiso por parte del Consistorio para la ampliación de una explotación en el Camino de los Aceites que pasará de 200 a 1.200 cabezas de porcino y que está ubicada a sólo 35 metros de varias viviendas. Melchora Martínez es la propietaria de uno de esos inmuebles y ha relatado el infierno que supone para ella y su familia esta situación. "Con 200 cerdos ya apenas podemos hacer vida en la calle, no quiero imaginar lo que puede suceder con más de mil", explica. "Mis nietos no quieren venir a casa porque el hedor es insoportable, tienen que estar confinados en el interior porque hay días en que el aire es irrespirable", cuenta esta vecina de Tercia de 63 años.
Ana Belén Bravo, otra de las vecinas afectadas asegura que ni siquiera puede tender la ropa en la calle porque el olor a purines se impregna en todo. "No puedo entender que el Ayuntamiento dé prioridad a los intereses de una explotación ganadera en detrimento de la calidad de vida y la propia salud de los vecinos", explica. "Vivimos rodeados de excrementos y malos olores. Esto nos está afectado hasta psicológicamente", se lamenta.
Concepción Bravo, portavoz de la Plataforma 'Stop cebaderos junto a las casas' asegura que los vecinos no van a parar en la lucha por la defensa de sus derechos. "Estamos unidos, bien asesorados, y nos sentimos fuertes para llegar donde haga falta", asegura Bravo que añade que "no estamos en contra de los ganaderos pero sí creemos que las administraciones públicas deben gestionar adecuadamente para hacer compatible el desarrollo de esta actividad con el derecho constitucional a la salud y a un medio ambiente adecuado".
La portavoz de este colectivo asegura sentirse decepcionada conel equipo de Gobierno municipal. "El Alcalde se comprometió a visitarnos para conocer nuestra problemática en primera persona pero ni ha venido ni ha enviado a los técnicos municipales para hacer las comprobaciones que exigimos", explica. "Nos dijeron que se tomarían medidas antes de que empezaran las obras de ampliación del cebadero, pero éste ya tiene los pilares levantados y ningún responsable municipal se ha hecho cargo de nuestra situación", relata. La portavoz de 'Stop cebaderos junto a casas' ha invitado al alcalde a intercambiar sus casas, "veremos si sería capaz de soportar todo por lo que estamos pasando".
"No es una lucha contra los ganaderos"
Francisco José Lucas, abogado de la plataforma, ha explicado que no se trata de una guerra de los vecinos contra los ganaderos, sino de conciliar los derechos de los ciudadanos con los intereses económicos de esta actividad. "Lo ideal sería que las administraciones públicas pudieran armonizar ambas, de lo contrario, prevalecen los derechos de las personas y eso es lo que vamos a defender hasta donde los vecinos quieran", ha asegurado el letrado.
Apoyo de la lorquina que consiguió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a España por no haber protegido su derecho a la vida privada
A la concentración acudió también Gregoria López Ostra, la lorquina que consiguió que en 1994 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara al Estado español por no haber protegido su derecho a la vida privada, reclamado sin éxito ante los tribunales españoles, por los perjuicios ocasionados por la instalación, a pocos metros de su domicilio, de una estación depuradora de aguas y desechos de una empresa de curtidos.
La doctrina de la sentencia de Estrasburgo, que deberá orientar a los tribunales españoles al sentar jurisprudencia, impone a los poderes públicos una obligación de protección a los individuos cuando éstos se ven afectados en sus derechos, especialmente el de su vida privada. El Tribunal consideró entonces inadmisible la pasividad del Ayuntamiento de Lorca,en orden a su papel de actor público garante de los intereses de los administrados. Así, entendió que el Consistorio no había sabido mantener "un justo equilibrio" entre el interés económico empresarial y el derecho de la demandante a su vida privada y familiar. López Ostra confía ahora en que su larga lucha sirva de impulso e inspiración a los vecinos de Tercia a los que quiere prestar todo su apoyo.
