El Ayuntamiento de Lorca afirma que no puede asumir "de golpe" el pago de las cantidades sentenciadas derivadas de los convenios urbanísticos "trampa"

Varios promotores reiteran su negativa a establecer un calendario de pagos fraccionados e incluso han exigido la ejecución inmediata de la sentencia. El Concejal de Economía insta a actuar con sentido común, seriedad y responsabilidad: "se tiene que estar a la altura de las circunstancias y realizar un ejercicio de compromiso con nuestros ciudadanos".

El Concejal de Economía en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha informado que la situación económica del Consistorio Municipal se está comprometiendo seriamente, a raíz de que varios promotores firmantes de convenios urbanísticos "trampa" (aprobados en solitario por el PSOE en 2005) mantengan su negativa a establecer un calendario de pagos fraccionados y/o un aplazamiento pactado de las cantidades que se les tienen que devolver. Tal es así que incluso alguno de ellos, una vez condenado el Ayuntamiento a reintegrarles las cantidades anticipadas en su momento, ha forzado aún más la situación exigiendo al juzgado la ejecución inmediata de la sentencia.

Fulgencio Gil ha anticipado que en el caso de que no se permita que el Ayuntamiento pague estas cantidades de forma fraccionada, no podremos hacer frente al pago de las mismas. De hecho la sociedad lorquina tiene que ser conocedora de esta situación, ante la que ya hemos solicitado a instancias judiciales que se establezca un calendario de pagos.

El Edil de Economía ha indicado que de momento son 3 los promotores que se niegan a este pago fraccionado, negándose a aplazar 2,2 millones de euros. El hecho de no reservar en una partida específica el dinero anticipado por los convenios fue una actitud suicida, que ahora estamos sufriendo todos los lorquinos.

Para este año se presupuestó una cantidad de 595.000 euros para pagar plazos de convenios, a la que tuvimos que sumar otros 335.000 correspondientes a la expropiación de La Merced (que también dejaron sin pagar). Si el juzgado admitiera los plazos propuestos, tendremos que ampliar esa partida en otros 453.000, eso quiere decir que este año tendríamos que pagar 1.181.614 euros sólo por "herencias".

Sería injusto y muy perjudicial para todos los lorquinos que tuviéramos que pagar precisamente ahora los errores fatales cometidos por otros, después de luchar contra la crisis más severa de los últimos años y contra los efectos de los terremotos y las inundaciones. En este sentido estamos apelando a la comprensión por parte del juzgado, puesto que, reitero, es imposible que asumamos el pago de semejantes magnitudes económicas "de golpe", ya que supondría un gravísimo daño contra todos los lorquinos.

El Concejal de Economía ha instado a las partes implicadas en este tema a actuar con sentido común, seriedad y responsabilidad. Se tiene que estar a la altura de las circunstancias y realizar un ejercicio de compromiso con nuestros ciudadanos. Se trata de evitar meter a Lorca en una situación muy comprometida en lo económico, por lo que instamos a los promotores a que recapaciten y actúen en consecuencia.

Fulgencio Gil ha reseñado que a día de hoy las sentencias derivadas de los convenios urbanísticos trampa condenan a los lorquinos a devolver 6.054.540,45 euros, de los que ya se han pagado 2.518.612,70, permaneciendo pendiente de pago la cantidad de 3.535.927,75 €. Hay que subrayar el hecho de que el Ayuntamiento ha logrado retener para los lorquinos la cantidad total de 570.482,47 euros procedentes de los procesos judiciales por los convenios urbanísticos "trampa", tras mantener intensas negociaciones con los promotores de 3 de los convenios ya sentenciados.

Cabe recordar que el Consistorio Municipal dispone en la actualidad de una situación económica buena. Hemos conseguido enderezar el rumbo de una nave que todos sabemos cómo estaba en 2007 (déficit disparados y deuda del 105 millones). Han sido necesarias múltiples acciones encaminadas a optimizar, eliminar gasto superfluo y ajustar en todas las áreas de gestión del Ayuntamiento. Estamos hablando de una tarea en la que han trabajado de lleno todas las concejalías, y gracias a ella nuestro Ayuntamiento ahora es viable en lo económico, al tiempo que recortamos deuda, aumentados inversión y potenciamos en gasto social y fomento del empleo. Ahora no podemos dar un paso atrás, queremos seguir avanzando, y no consideramos justo que unas decisiones erróneas supongan un lastre insalvable.

Solicitamos que a los lorquinos se nos permita cumplir con lo sentenciado de la manera menos gravosa posible por el grave trastorno que supondría el pago inmediato y de golpe de estas cantidades. El Concejal de Economía ha señalado que el Ayuntamiento se ampara para solicitar esta meda en el punto 4° del artículo 106 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que reconoce que "si la Administración condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda, lo pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal acompañado de una propuesta razonada para que, oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos gravosa para aquella".

Fulgencio Gil ha recordado que existe un informe municipal que manifiesta los efectos que podría tener en la situación económica del Ayuntamiento de Lorca la devolución de estas cantidades, entre los que se señala los siguientes:

- Incumplimiento del plazo de pago a proveedores previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, pudiéndose llegar a la retención de recursos de la financiación que se recibe del Estado.

- Imposibilidad de saneamiento del Remanente de Tesorería.

- Necesidad de elaboración de un Plan Económico-Financiero.

- Pérdida de la Autonomía Financiera.

- Continuas tensiones de liquidez.

- En opinión de los técnicos municipales, la devolución en un año concreto de la totalidad de las cantidades ingresadas y reclamadas por los promotores de los distintos convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Lorca podría incluso comprometer la viabilidad de la entidad, en el sentido de dejar de ejercer las competencias y prestar los servicios obligatorios.

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