Gloria Martín ha observado que desde agosto los afectados no están recibiendo la comunicación firmada por el Director General de Vivienda y por el Alcalde de Lorca por la que se les confirma el estado de tramitación de su procedimiento. "Ese documento es lo que da garantía a los vecinos y en este asunto IU no va a permitir pasos atrás", dijo la edil de IU-Verdes
La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha pedido hoy la renovación del convenio entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras del Gobierno de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca. Un acuerdo que tiene por objeto la regulación del marco de cooperación entre ambas administraciones para la gestión de la justificación de las ayudas para la rehabilitación de viviendas dañadas por los terremotos de 2011.
Martín ha explicado que el convenio expiró el pasado 26 de julio de 2019, fecha en la que finalizó el plazo de justificación de un año establecido por la Ley 8/2018. Ese plazo fue ampliado en seis meses en virtud de una nueva ley "pero no se hizo lo propio con el convenio de colaboración, que hubiera sido lo lógico".
Para la edil de IU-Verdes esta herramienta es "esencial" para agilizar los trámites a los afectados, que sólo tienen hasta el próximo 25 de enero para acogerse a esta vía simplificada de justificación.
Este convenio faculta al Ayuntamiento, a través de la Oficina de Asesoramiento Integral para la Reconstrucción de viviendas afectadas por los terremotos, a comprobar que las cuentas justificativas se ajustan al modelo establecido y se encuentran debidamente cumplimentadas. Tras este trámite, el Ayuntamiento remite la documentación a la Consejería de Fomento e Infraestructuras junto con una certificación acreditativa y, días después, los afectados reciben una comunicación firmada por el Director General de Vivienda y por el Alcalde de Lorca en la que se les confirma el estado de tramitación de su procedimiento.
Sin embargo, Martín explicó que desde el pasado agosto "no hemos vuelto a ver nuevas comunicaciones que garanticen a los vecinos que han podido acogerse a la ley". Por ello, la edil hizo un llamamiento a todos los afectados por el proceso de justificación para que "todo aquel que aún no tenga en su poder la carta firmada por el Alcalde y el Director General acuda a la oficina del terremoto porque ese documento es lo que les da garantías". Prescindir de este protocolo sería "un grave error" a juicio de Martín, quien recordó que el establecimiento de este marco de cooperación fue fruto de la lucha de los afectados para que tuvieran en su poder un certificado que acredite que han podido acogerse a la Ley. "No vamos a permitir pasos atrás", dijo al respecto.
Martín aseguró que, de un total de 2.748 expedientes, la Ley 8/2018 sirvió para que 1.480 familias pudieran tramitar la memoria justificativa. La prórroga de seis meses que estableció la Ley 8/2019, tenía como objetivo que las otras 1.268 pudieran presentar la documentación. Estas dos leyes sólo exigen la presentación de una memoria de actuación, una relación clasificada de los gastos e inversiones realizados, el detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada y, en su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados. Por ello, Martín considera factible que, "si se da un último empujón", se pueda localizar a los afectados que aún no han presentado la documentación y tenerlo todo listo antes del 25 de enero, "día en el que debe acabar esta pesadilla".
"Desde el Grupo Municipal de IU nos hemos ofrecido al Alcalde para seguir colaborando en la cumplimentación de las cuentas justificativas de los vecinos que aún no la han presentado, ha dicho Martín. "Estamos dispuestos a trabajar sin horario pero por parte de las administraciones hay que tener la misma disposición", añadió.
En otro orden de cosas, Martín ha vuelto a exigir a Fomento que cierre los expedientes de más de 400 damnificados que han prescrito y que "no deberían realizar ningún trámite más y sí recibir la comunicación que les permita respirar tranquilos de una vez". La concejala de IU también ha pedido que se abonen las ayudas al alquiler pendientes de pago a los damnificados por los seísmos de 2011. "Hay vecinos que necesitaron realojo y a los que se adeudan hasta 28 mensualidades por alquiler desde el año 2015", lo que calificó de "bochornoso".
